Torturas
Una comisión del Senado de los Estados Unidos de
Norteamérica, investigó durante varios años las actividades llevadas a cabo por
los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (CIA), a raíz de los
atentados del once de septiembre de 2001.
Ahora han salido a la luz pública las conclusiones
de dicha investigación, en ellas se acusa a los servicios de inteligencia de
haber actuado de forma improcedente teniendo en cuenta que dichos servicios
están bajo la jurisdicción de organismos democráticos (o al menos eso es lo que
se vende). Se acusa a la CIA. de haber secuestrado y mantenido durante años a
cientos, quizás miles de seres humanos en prisión; durante estos años los
retenidos carecieron de cualquier instrumento legal para defenderse de unas
acusaciones de pertenencia a supuestos grupos terroristas, permanecieron en
total indefensión siendo objeto de torturas en diferentes cárceles clandestinas
situadas siempre fuera del territorio norteamericano (Polonia, Rumanía,
Tailandia, Afganistán etc.).
La base de Guantánamo situada en la isla de Cuba y
bajo el control estadounidense es el paradigma de este tipo de prisiones
clandestinas, además del colmo de la hipocresía de ciertas autoridades
norteamericanas que al preguntárseles por la ilegalidad de lo que acontecía en
dicha base, respondían que los hechos tenían lugar fuera del territorio
norteamericano.
En los resultados de la investigación del
Senado también se afirma que las
actividades clandestinas no sirvieron para evitar o prevenir nuevos atentados,
afirmando que sus miembros engañaron a las autoridades políticas al no
informarles de todas las actividades realizadas.
Importantes dirigentes políticos encabezados por el
ex presidente George W Bush han salido en defensa de las actividades de la CIA,
Bush declaró no sentirse engañado en ningún momento, justificando las
actividades de los servicios de inteligencia, gracias a los cuales (según su
versión), se evitaron nuevos atentados contra los intereses de los Estados
Unidos de Norteamérica, contradiciendo de esta forma las conclusiones de los
investigadores del Senado.
Sigue así abierto el debate sobre la actuación de
determinados estamentos de las naciones que se consideran a sí mismas democráticas a la hora de
garantizar su seguridad frente a supuestas amenazas externas o internas.
Antonio Fernández
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